 Explosiones de coches-bomba, atentados dirigidos contra funcionarios policiales, fiscales o abogados, masacres masivas en centros carcelarios, ataques a instituciones públicas, desapariciones, delincuencia común, violencia de género. Lo que se ve, se vive y se siente en Ecuador hoy no es más que una advertencia, apenas es la punta del iceberg, la punta visible de una inmensa masa fría y oscura que se esconde en las profundidades, una masa que despliega una fuerza inexplicable que absorbe hacía ese abismo todo lo que encuentra a su paso y lo desaparece. Ecuador, una de las repúblicas más pequeñas de la región suramericana ha sido reconocida usualmente como una “Isla de Paz” en medio de las atormentadas historias de violencia de sus vecinos Colombia y Perú. Al mismo tiempo, su céntrica posición sobe el Pacífico y su atractiva moneda adoptada al inicio del milenio después de un controvertido proceso financiero de dolarización, han hecho de este pequeño país un punto estratégico dentro de la maraña de los intercambios legales e ilegales de la trama global... Pongámonos la mano en el corazón, Ecuador dejó de ser un país de paz y aún más una isla de paz, y si bien su sociedad, admirada históricamente por su apacibilidad en medio de feroces volcanes activos y su alegría al escuchar sus tristes pasillos, no sale del estupor de los hechos violentos que son ahora pan de cada día en las noticias nacionales, regionales y hasta mundiales.
¿Qué es lo que está ocurriendo en Ecuador? ¿Qué se esconde tras esta situación de zozobra que viven los habitantes todos los días por una violencia que crece sin parar? Hasta hace pocos años, se decía de Ecuador que pese a encontrarse geográficamente al lado del mayor productor de cocaína en el mundo y con la guerrilla activa más larga registrada en la historia contemporánea, era ajeno al narcotráfico y a los estragos de la violencia limítrofe. Asimismo, pese a haber atravesado períodos bajo el gobierno de regímenes militares y autoritarios, tampoco registró los niveles de violencia y represión de otros países suramericanos donde reinaba la doctrina de Seguridad Nacional[1]. Sus dictaduras eran gobiernos autoproclamdos “nacionalistas y revolucionarios”[2]y sus Fuerzas Armadas volcadas a la labor cívica más que a la guerra. Incluso, los incipientes movimientos armados[3]que se proponían estructurar redes clandestinas y tomarse el poder de forma violenta no prosperaron ni tuvieron una adhesión masiva, no solo por la temprana represión que recibieron, sino porque, pese a las desigualdades sociales persistentes que denunciaban, al igual que en muchos otros países de la región, la vía de la violencia no era la predilecta del pueblo ecuatoriano. Eso tampoco significaba que ese mismo pueblo era manso y sometido. Todo lo contrario, tal es así que también fueron noticias mundiales las múltiples veces en que la movilización popular logró que se derrocaran presidentes corruptos[4] o, que el pueblo, liderado por un movimiento indígena y social firmemente organizado, encabezó paros nacionales y protestas masivas que en muchas ocasiones echaron para atrás decisiones gubernamentales abusivas para la mayoría de la población[5]. Estas características, inusuales en el contexto de la región hacen que Ecuador se haya destacado por su carácter genuino en su relación con la violencia estructural y endémica que no terminaba de instalarse. ¿Cuáles son las condiciones que están entonces socavando esa tan preciada tranquilidad? ¿La situación actual acaso se pudo evitar o es la consecuencia de una espiral inexorable? La temática de la seguridad muy a menudo lleva a una polarización política tanto sobre las causas que explican la violencia en la realidad como por las medidas que se deberían aplicar para contenerla y erradicarla. Por tanto, en esta entrega, más allá de poner en evidencia y desmenuzar las cifras de las estadísticas que registran los fenómenos de inseguridad cuya denominación ya lleva a una cierta interpretación de la realidad, no enfocaremos en una reflexión sobre el entorno más general de lo que atraviesa el mundo del siglo XXI. Es así como, las líneas que siguen a continuación no se pretenden exhaustivas sino más bien como un intento de entregar algunas pistas de comprensión de la situación que atraviesa actualmente Ecuador dentro del contexto mundial. En efecto, la inmersión en hechos violentos que ya no son puntuales ni aislados, son fenómenos que se instalan dentro de un ciclo cuyas causas y efectos tienen orígenes supranacionales que cabe dilucidar. Los estragos de la globalización Entrando en materia de lo que se sugiere más arriba es necesaria una digresión reflexiva sobre lo que hoy llamamos globalización y el sistema que va apareado a esta. Así como se vendió la seductora idea de la globalización como proyecto geopolítico y económico transnacional que traería abundantes conexiones que facilitarían la vida de los habitantes del planeta y que venía asociada a la idea de oportunidades iguales para todos, se fue evidenciando, desde que inició el milenio, el lado oculto de aquel proyecto, con sus estragos de miseria y muerte. Y es que la globalización, no es más que la exacerbación de un sistema económico y político ya vigente en el planeta desde hace más de dos siglos, pero que en sus formas actuales juega de forma cada vez más peligrosa con la perpetuación de la misma especie humana. En efecto, la reciente fase capitalista denominada por algunos pensadores como neoliberal, vigente desde las últimas décadas del siglo XX, se aceleró en las primeras décadas del siglo XXI. Así, la llamada globalización, especialmente en su versión económica, consiste hoy, preponderantemente, en el aumento de los intercambios y flujos financieros, tecnológicos y de información, y se ha derivado en un mayor control del espacio y del tiempo, desdibujando así todas las concepciones de soberanía tal como se la conocía. Así, por un lado, la continuidad de este nuevo ciclo del capitalismo depende de su capacidad de crear nuevas formas de perpetuarse y expandirse sin límites en el espacio geográfico y, por otro lado, requiere, con la finalidad de obtener mayores beneficios, acortar los tiempos y mover sus flujos económicos, financieros y de mercancías de la manera más rápida posible. Esas dos condiciones facilitadas hoy en día, por una parte, por los avances tecnológicos y por otra, por las desregulaciones en el funcionamiento de los sistemas económicos, muestran la estrecha y dialéctica relación entre el espacio y el tiempo. En esa medida, la acumulación de capital, a la vez que aprovecha las virtudes de un sistema financiero que opera en segundos y sin interrupción, reorganiza también los espacios de forma cada vez más apresurada, convirtiendo así sus formas de acción en más voraces. Esta forma de aprovechar nuevos espacios para expandirse es lo que el pensador británico David Harvey llama la “acumulación por desposesión” ya que implica la toma de control de territorios, usurpando -incluso a los Estados- el manejo soberano de ciertos espacios. A medida que sucede esta acumulación de capital derivada de la productividad de los bienes privatizados, se va generando a la vez una sobreacumulación, es decir un excedente de capital ocioso, que ya no encuentra oportunidades de inversión y que se acompaña por un excedente de fuerza laboral, y por tanto la generación de desempleo, ahondando así las condiciones de desigualdad. En ese contexto, el capital requiere reforzar su control absoluto de las dimensiones espacial y temporal ya que esta sobreacumulación requiere buscar de forma inmediata y antes de verse afectada por las crisis que genera, nuevos nichos de inversión, en nuevos espacios geográficos, aplicando en ellos, nuevos procesos de privatización que permitan la inyección de los capitales sobreacumulados en nuevos contextos deprimidos y proveerles de un “uso rentable”. Así el ciclo se reproduce y perpetua, dejando a su paso los estragos del despojo. Lo anterior, es denominado por Harvey como “solución espacio-temporal” a las contradicciones internas de la acumulación de capital y a las crisis que generan. En efecto, como lo explica detalladamente, si en “determinado territorio (…) se generan excedentes de capital y de fuerza de trabajo que no pueden ser absorbidos internamente (…), entonces deben trasladarse a otros lugares donde encuentren un terreno fresco para su realización rentable, si no quiere que sean devaluados” (D. Harvey 2004, 98). El problema de esta solución señala, es que suele ser pasajera, pues el fenómeno de sobreacumulación de capital tenderá a repetirse en los “nuevos espacios dinámicos de acumulación de capital” que a su vez deberán buscar nuevas soluciones espacio temporales para absorber esos excedentes “mediante sus propias expansiones geográficas” (D. Harvey 2004, 100). Se preguntarán ¿Qué tiene que ver todo eso con el aumento de la violencia? De la mano de la globalización impulsada por ese mismo sistema neoliberal que fomentó la liberalización de las fronteras para el crecimiento del libre mercado, varios fenómenos se han exacerbado a nivel mundial y han sobrepasado la capacidad de control dentro de los bordes nacionales. La acumulación por desposesión pudo darse a rienda suelta. Entre esos fenómenos observamos hoy con cada vez más frecuencia la circulación de todo tipo de mercancías, no solo legales, que por sus características llevan consigo complejas redes de violencia, corrupción y muerte, como son el tráfico de drogas, de armas, de minerales, pero también el tráfico de seres humanos para múltiples fines. Estos entramados criminales, para asegurar su poderío y hacer frente a sus competidores, se dotan de ejércitos armados al margen de los Estados que ejercen autoridad sobre franjas enteras de territorios, desfigurando así la noción de soberanía de los Estados, que pierden el control en el interior de sus fronteras. A la par, esas redes requieren de la complicidad y colaboración activa de los entes públicos de control para asegurar su buen funcionamiento y expansión, por tanto, permean los gobiernos y poderes del Estado. Es así que contemplamos cómo cada día salen a la luz los nexos entre gobernantes - en muchos casos legítimamente elegidos y de todos los bordes políticos - con las mafias. Se denuncian sus maniobras, en las que usan, manipulan, fraguan para sus intereses propios los fondos públicos o los mecanismos de la fuerza legítima del Estado o de la justicia para sus cálculos políticos y financieros. Atravesamos una era inmersa en un orden económico que se caracteriza por prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas, enormes concentraciones de riqueza, conocimiento y poder. También y no menos importante, asistimos al impacto irreversible de la contaminación del hábitat planetario derivado de la obsesión ilimitada del progreso. Así, presenciamos la extracción sin control de recursos naturales y metales preciosos cuyos enclaves de producción se acompañan de conflictos por el control de territorios, sea entre el Estado y habitantes o también con organizaciones criminales que también quieren incurrir en esos mercados muy rentables. También, vemos cómo se utilizan sin medida todo tipo de productos químicos en todas las áreas industriales, incluidas las alimentarias que consumimos día a día; cómo se emiten en el aire insumos tóxicos; cómo se desechan en el mar y en los ríos productos indestructibles y peligrosos; cómo se destruyen los bosques, ríos y áreas esenciales para el equilibrio de la vida en la Tierra. Finalmente, advertimos la evidente vulnerabilidad a la que se ven expuestos nuestros cuerpos: enfermedades virales o sistémicas, causadas por la contaminación del aire y del agua, y fruto de los modos de vida que llevamos. Mientras todo eso pasa, asistimos a la disolución cada vez mayor de la organización política y del tejido social, con partidos políticos que no generan grandes adhesiones y sindicatos que han perdido protagonismo y presenciamos a la privatización continuada del acceso a la educación y el conocimiento, que empobrece el diálogo y el debate con capacidad crítica y conduce a la polarización extrema de la opinión colectiva, atizada por los medios de comunicación, las redes sociales y la multiplicación de información falsa. Frente a todo ello finalmente, está presente a toda hora la oferta descomunal de bienes de consumo que prometen una sensación de saciedad ante la incertidumbre y el miedo al porvenir. En la misma proporción crecen las adhesiones a los partidos políticos o movimientos de ideologías extremas porque ofrecen soluciones milagro de seguridad y confianza para paliar esos sentimientos y emociones. Ecuador no es un caso de excepción dentro de ese contexto, pero si quizás su entrada en la espiral de ese sistema fue más lenta y tardía y los efectos que se perfilan ahora no son sino meras repeticiones de lo que ya se observa en otras latitudes. A Ecuador le alcanzó la globalización ¿Cuánto de lo descrito anteriormente está sucediendo en Ecuador? A todas luces, algunos de todos esos estragos ya son una realidad que dan luces sobre la compleja espiral en la que está inmersa Ecuador. Sin duda la última ola de violencia registrada el pasado 1 de noviembre en la que, a raíz del traslado de 515 privados de libertad desde la Penitenciaria del Litoral -el más grande y sobrepoblado centro de detención del país, ubicado en la costera ciudad de Guayaquil- hacía otros centros, desencadenó una decena de atentados con explosivos y ataques a uniformados orquestados minuciosamente, en los que fallecieron 5 policías. El hecho, con pocos precedentes en territorio ecuatoriano, interpretado como una advertencia de las bandas criminales a las que pertenecen esos reos, alerta sobre una problemática ya presente en el país. Y es que, bajo la misma lógica de cualquier tipo de comercio transnacional, las redes de narcotráfico que operan en Ecuador son parte de una industria que ha tenido que diversificar y expandir su área geográfica y reinvertir su capital acumulado para subsistir, tal como lo describe David Harvey al que nos referimos en líneas más arriba. Veamos cómo llegó y opera la acumulación por desposesión en el negocio transnacional del crimen en Ecuador.
Varias investigaciones periodísticas e información entregada por los organismos de inteligencia sobre el fenómeno del narcotráfico dan cuenta que desde el año 2012 el cartel mexicano de Sinaloa liderado por el conocido Chapo Guzmán (detenido y preso desde entonces) tejió una red delictiva en Ecuador, captando a bandas delincuenciales dedicadas a la venta al menudeo de droga en las grandes ciudades. Sus principales tareas consistieron desde un inicio en custodiar las pistas clandestinas en las que se embarcaban drogas y se transportaba dinero ilícito y para que vigilaran cargamentos ilegales que partían desde zonas costaneras de Ecuador, en lanchas rápidas o barcos. Una vez instalada esa nueva sucursal del Cartel en territorio ecuatoriano, el resto se cuenta casi solo. En efecto, los enormes tentáculos de esa empresa transnacional requirieron armar su completa parafernalia para operar: logística y seguridad reclutando, entre las bandas ya existentes, mano de obra para todos los eslabones de la cadena: hombres armados, entrenados, bien remunerados, en un ambiente social propicio ya que carece de reales oportunidades de empleo y educación. Está por demás señalar que todo esto requiere de una dotación importante de armamento (cada vez más sofisticado) que ingresa al país por las mismas vías clandestinas que la droga y el dinero. Se sumó a la competencia de Sinaloa otro cartel mexicano: “Jalisco Nueva Generación” y así se multiplicaron las bandas que prestan servicios y que se fueron alineando al mejor postor. Hoy, de acuerdo con investigaciones periodísticas como las del ecuatoriano Arturo Torres, de las que se hace eco la BBCMundo, se estima que operan una veintena de bandas delictivas en Ecuador, con “decenas de miles de integrantes” (BBC, 2022), siendo las principales Los Choneros, Los Tiguerones y Los Lobos[6]. La expansión del negocio y la acumulación de las ganancias acarrea la necesidad de seguir invirtiendo más rápido y ganando terreno, disputándose sin cuartel los territorios para el tráfico interno de la droga llevando así, entre otras consecuencias, a las masacres masivas en las cárceles[7], siendo, además, que con sustancias ilícitas para consumo interno y con armas se suele remunerar a las bandas locales, exacerbando así los niveles de violencia en las calles. La cruenta necesidad de reinvertir este capital lleva a guerras territoriales en los barrios de las ciudades (por lo general los más populares), a una mayor y más violenta infiltración en las estancias del Estado para zanjar los posibles controles, a la necesidad de controlar instituciones y gobiernos locales, así como a la diversificación de los negocios para el lavado de dinero.
Una de las formas más apetecidas en los últimos años para lograr reinvertir los capitales acumulados fruto del narcotráfico ha sido en Ecuador la explotación minera aurífera. Este tipo de explotación que requiere de grandes inversiones en maquinaria pesada y productos químicos ha tenido un auge importante en Ecuador por los altos precios del oro. Un funcionario del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) entrevistado en febrero de este año reconocía que se han identificado 250 puntos de explotación minera no autorizada y que solamente hay 18 funcionarios encargados del control minero a nivel nacional. Los efectos de esa explotación, descrita con detalle en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) “Tras el dinero del oro Ilícito: fortaleciendo la Lucha contra las finanzas de la minería ilegal. Ecuador” publicado en diciembre 2021, pone en evidencia toda la trama de ese fenómeno, que inicia con la inyección de capitales acumulados fruto del narcotráfico, a partir de lo cual se organizan redes de explotación que implican la toma de territorios de forma ilegal y violenta, muchas veces desplazando poblaciones locales que se oponen a la instalación de las minas; explotación laboral de los trabajadores mineros, que además de recibir pagas paupérrimas, no tienen acceso a protección de su salud en cuanto al manejo de metales pesados y productos tóxicos para su faena; explotación laboral y sexual dentro de los campamentos mineros que se constituyen como lugares de vida cerrados y clandestinos, custodiados por hombres armados que ofrecen en su interior todo tipo de servicios sin regulación para la permanencia de los mineros; contaminación ambiental por el uso indiscriminado y sin normativa de metales pesados y productos tóxicos que son directamente arrojados y mezclados a fuentes de agua. Al final de la cadena, la comercialización se hace a través de intermediarios y empresas de fachada, ya que parte de la producción no se declara para la exportación incurriendo así en evasión fiscal y lavado de dinero.
Si nos hacemos eco, tal como lo ha hecho el propio presidente Guillermo Lasso el pasado 12 de septiembre, de las cifras que anualmente publica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su reporte Estimación de los flujos financieros ilícitos derivados del narcotráfico, se estima que el lavado de activos en el mundo es equivalente a porcentajes que oscilan del 2% al 5% del PIB. Lo cierto es que para el Ecuador no se ha establecido ninguna cifra oficial, pero según una investigación periodística de la Revista PlanV (PlanV, 2022)[8], y tomando la referencia anterior, en el Ecuador se estaría lavando alrededor de 2000 a 5000 millones de dólares al año. La opacidad de las cifras y la falta de una investigación seria y a profundidad por parte del Estado ecuatoriano puede ser un indicio de que la cantidad de dinero que se consigue blanquear en el país es inenarrable y de algún modo contribuye en parte al sostenimiento de la economía nacional.
Lo cierto es que el balance de todo lo antes mencionado, así como más indicios revelados en la prensa, dan cuenta de que la presencia de economías submergidas y violentas en las esferas del Estado ya no son casos aislados. Evidencias de mandos policiales[9] y personajes políticos ligados a capos de la droga[10] o implicados directamente en casos de ilícitos diversos salen a la luz cada día. Incluso, y en un registro un poco distinto, pero no menos importante, el reciente caso muy sonado del asesinato de una mujer a manos de su esposo miembro de la policía, en el seno de un cuartel de la institución, es otra muestra de la descomposición de una institucionalidad que navega en la convicción de una impunidad absoluta. En cualquier caso, el hecho que carteles de la droga operen en el territorio a sus anchas, tengan el control de las cárceles y franjas de las instituciones de control, logren sentencias judiciales antojadizas a favor de sus miembros[11], orquesten atentados sincronizados en varios puntos del país, y propongan incluso candidatos a las próximas elecciones seccionales[12] son señales inequívocas de que se ha quebrado la institucionalidad y que el futuro no es muy prometedor. Las condiciones sociales y económicas, así como el manejo político interno del Ecuador es otro de los elementos clave que explica la situación actual. En efecto, los roles de los Estados en los ciclos de acumulación por desposesión y crisis son cruciales, pues su capacidad de respuesta ante los fenómenos globales puede marcar la diferencia. Un análisis más preciso sobre el tema necesariamente tendrá que complementar el actual. Por ahora solo señalaremos algunos puntos. Primero, el análisis del discurso político, que transita actualmente en el señalamiento de las culpas de unos y otros para endosar la espiral de violencia que hoy ya está instalada en el país. Las promesas de medidas de seguridad y la explotación política de los sentimientos de miedo son parte de las principales temáticas discutidas en la escena pública haciendo olvidar otros graves problemas. Algunos indicios muestran que se optará quizás por una política más punitiva anunciada ya por el actual presidente Lasso tras los hechos acontecidos a inicios de noviembre. Aquello seguramente contribuirá en elevar los niveles de confrontación y violencia tanto en las cárceles como en las calles. A esta hora ya es algo tarde para pensar en medidas sociales de inclusión de los sectores más vulnerables al reclutamiento de los carteles. Una política de fondo requiere de tiempo e inversión importante en temas sociales y de educación además del fomento de la confianza en la institucionalidad del país. Segundo, será esencial revisar más a fondo la labor legislativa que en los últimos años se ha volcado más bien en reforzar el sistema penal antes que legislar para fortalecer un sistema social que asegure condiciones de vida digna a la gran mayoría de sectores populares, aquello pese a tener una de las Constituciones más garantistas del mundo. Tercero, en la misma línea de lo señalado antes, será importante revisar la magnitud de la contaminación de la institución pública y de la economía nacional por las mafias del narcotráfico, esto con especial énfasis en las instancias de control y de la función de justicia. Una justicia débil asegura la impunidad y el caos. Finalmente, será fundamental profundizar sobre las condiciones de gobernabilidad que han llevado al Ecuador a esta situación. Los rezagos de 10 años de régimen correísta (presidencia de Rafael Correa 2007-2017) durante el que se registró una alta flexibilidad que permitió la instalación de los carteles mexicanos en suelo ecuatoriano; el incipiente mandato de Lenín Moreno (2017-2021) en el que los nexos con el narcotráfico se afianzaron y, finalmente, el retroceso en inversión pública que vive el país con el régimen ultraliberal de Guillermo Lasso (2021-actualidad) cuyo objetivo de desmantelar el servicio público y dar rienda suelta a la inversión extranjera, no abona en soluciones de fondo frente a esta situación. Por ahora solo nos queda señalar que los ciclos de acumulación por desposesión, como el que está viviendo el Ecuador, una vez que deje de ser rentable y agote su potencial de acumulación, se mudará hacía nuevos espacios geográficos. Hasta tanto, habrá dejado a su paso miseria, devastación y muerte. [1] Durante la década de los 70 del siglo XX, en buena parte de la región suramericana, se instauraba, de cara al contexto mundial de Guerra Fría, una política que pretendía asegurar una contención al avance del comunismo. Esta doctrina llamada de Seguridad Nacional se gestó en Estados Unidos en los años 70 y se expandió a los países suramericanos. Consistía en detener cualquier iniciativa de reclamo social que tuviera un semblante de simpatía por el proceso comunista ruso o por el proceso revolucionario cubano que había iniciado en 1952 [2] El proyecto de “Nacionalismo revolucionario” impulsado por el gobierno cívico militar de Rodríguez Lara en 1972, se caracterizó por poner impulsar una reforma agraria y se orientaba a que las Fuerzas Armadas asumieran el control de los sectores estratégicos del Estado, especialmente el sector petrolero y empresarial, dejando a un segundo plano, su misión de protección de fronteras. Esta revolución pretendía desplazar a las elites y los partidos políticos tradicionales, y permitir un espacio a cierta organización social (sindical, estudiantil) que se aliaría a las Fuerzas Armadas. [3] El movimiento ¡Alfaro Vive Carajo! (AVC) fue una organización subversiva que operó en Ecuador entre 1983 y 1991. Se estimaba que tenía alrededor de 200 miembros. [4] La sucesión de presidentes en el Ecuador del 2000 al 2007 ha sido la siguiente: 1996-1997 Abdala Bucarán (no terminó mandato); 1997-1998: Fabián Alarcón; 1998-2000: Jamil Mahuad defenestrado en 2000 se instaló un triunvirato (Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas, Carlos Solórzano), 2000-2002: Gustavo Noboa; 2002-2005: Lucio Gutiérrez quien no terminó su mandato; 2005-2007 Alfredo Palacio terminó el mandato de Gutiérrez. [5] El Levantamiento más sonado se produjo en junio de 1990 cuando indígenas provenientes de todo el Ecuador, marcharon hasta la capital, Quito y se tomaron la Iglesia de Santo Domingo. El Levantamiento, que se extendió por mas de 10 días consistió en el reclamo por el derecho a la tierra, una crítica al modelo agroexportador y al pago del a deuda externa y el rechazo el apoyo a los grupos empresariales por sobre los derechos de los campesinos. También se registraron dos levantamientos de magnitud en octubre de 2019 y junio 2022. [6] Ver: BBC Mundo (2022) “Ataque con explosivos en Ecuador: los Tiguerones, la peligrosa banda a la que se vincula con la detonación que dejó 5 muertos” https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62557571 [7] Según información pública, desde febrero del 2021 hasta octubre 2022 se han registrado nueve masacres en las cárceles del Ecuador, dejando a su paso 398 muertos. [8] Ver: ¿Cuánto dinero se lava en Ecuador? Estas son las escasas e inconsistentes cifras oficiales. Ver: https://www.planv.com.ec/historias/crimen-organizado/cuanto-dinero-se-lava-ecuador-estas-son-escasas-e-inconsistentes-cifras [9] Ver: Primicias.EC (2022) “El caso ‘narco generales’ en Ecuador, explicado” https://gk.city/2021/12/17/caso-narco-generales-ecuador-explicado/ [10] Ver: BBCMundo.com (2022) “Quién era Leandro Norero, el "patrón", uno de los principales narcos de Ecuador que murió asesinado en la última matanza carcelaria en el país” https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63139767 [11] Ver: PlanV (2022) “Sinaloa y sus hilos en la justicia de Ecuador” https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/sinaloa-y-sus-hilos-la-justicia-ecuador [12] Ver: Infobae.com (2022) “Elecciones municipales en Ecuador: un legislador acusó a candidatos correístas de tener vínculos con grupos criminales” https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/31/elecciones-municipales-en-ecuador-un-legislador-acuso-a-candidatos-correistas-de-tener-vinculos-con-grupos-criminales/ Autora: María Dolores Ordóñez Investigadora en formación del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá (Madrid- España), en cotutela internacional con la Universidad Jean Jaurès (Toulouse- Francia). Máster en “América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica (Universidad de Alcalá- Universidad de Toulouse). Magister en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, (Quito-Ecuador). Licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad Paris 3 Sorbonne (Paris- Francia). Se ha desempeñado como directora de planeación y operaciones de inteligencia y analista de inteligencia en Seguridad y Justicia en la Secretaría de Inteligencia de Ecuador. Ha sido directora de comunicación en los Ministerios Coordinador de Seguridad, Cultura y Patrimonio y Banco Central del Ecuador. También ha sido especialista de Inteligencia e Información Estratégica en el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador (ESPE) y docente de las Academias de Defensa Militar Conjunta, de Guerra del Ejército y de la Escuela Conjunta de Inteligencia Militar ecuatorianas.
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