¿Por qué no nos quieren en Washington? Venezuela y las atribuladas relaciones de Pedro Sánchez con Estados Unidos

​Hay pocas cosas que llevan a la opinión pública española a ocuparse de la política exterior, pero el pasado 20 de diciembre sucedió una de ellas. El presidente Donald Trump firmó una declaración reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, dando un espaldarazo decisivo a los esfuerzos de Rabat por anexionarse el territorio. La decisión chocó con la ambigüedad calculada de España que ha demandado un referéndum de autodeterminación durante décadas y hecho poco para suceda. Muchos no tardaron en rasgarse las vestiduras acusando a Washington de ignorar a España en un área de su mayor interés. La portavoz de Podemos, Idoia Villanueva, habló de “atropello y vulneración de la legislación internacional” mientras la diputada socialista Zaida Cantera optó por ser menos diplomática al definir la decisión norteamericana como “una leche con la mano abierta”.

Nadie se acordó entonces que los últimos dos gobiernos socialistas han hecho algo semejante con Washington: priorizar intereses menores propios a costa de las prioridades estratégicas de un aliado. Esa ha sido la historia de las administraciones de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez con la Venezuela chavista con la que han mantenido activos vínculos mientras ignoraban los movimientos de Washington para aislar a un gobierno responsable de aniquilar las instituciones democráticas de su país, cometer gruesas violaciones de los derechos humanos y construir un entramado criminal de dimensiones globales.

Por si el desapego hacia España y el rechazo a los coqueteos con Venezuela se consideran una excentricidad de Donald Trump, ahí están las declaraciones del senador demócrata Bob Menéndez cuando señaló que “los españoles no han sido particularmente de ayuda, en concreto en el Hemisferio Occidental” y añadió “estoy seguro de que [a España] no le gustaría que actuásemos de la forma en la que ellos actúan con nosotros, si fuera en su esfera del mundo". La recién nombrada embajadora norteamericana en Madrid, Julissa Reynoso, fue más explícita en la misma comparecencia ante el Congreso cuando subrayó que estaba "familiarizada con la mediocre política de España frente a [...] Cuba y Venezuela y Nicaragua".

El idilio entre el chavismo y el gobierno Zapatero: ideología y negocios

Para explicar cómo se ha llegado aquí hay que retroceder casi veinte años, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llego al gobierno e inauguró una política exterior que transpiraba el sesgo antiestadounidense y aspiraba a presentarse como una alternativa “no alineada” en el contexto de la “Guerra Global contra el Terrorismo” lanzada por Washington. Este giro en la política española coincidió con la oleada de victorias electorales que lleno América Latina de gobiernos de izquierda con un marcado sesgo antiestadounidense, empezando por Hugo Chávez en Venezuela (1999) y siguiendo con Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil (2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003), EvoMorales en Bolivia (2006) Rafael Correa en Ecuador (2007) y Daniel Ortega en Nicaragua (2007).

El matrimonio entre la izquierda latinoamericana y el socialismo español fue rápido no solo porque había viejas relaciones de por medio sino también por la existencia de necesidades comunes. Rodríguez Zapatero buscaba un espacio en el que fuese posible marcar distancia de EE.UU. y los nuevos lideres latinoamericanos buscaban socios para reducir la influencia norteamericana. Fue la época de la retirada de las tropas españolas de Iraq sin dar oportunidad a que las tropas de Washington reconfigurasen su despliegue y del proyecto de “Alianza de Civilizaciones” que aspiraba a ser unaalternativa a la guerra contra el terrorismo y termino en nada. También fue el periodo en que Chávez expulso de Venezuela a la misión militar y a la Agencia de Control de Drogas (DEA) de EE.UU. (2005).

En este contexto, Hugo Chávez se convirtió en el conector clave entre socialistas españoles y la izquierda latinoamericana. Mientras EE.UU. veía como el régimen venezolano se radicalizaba, el gobierno de Rodríguez Zapatero construyó una relación política que luego derivó en tratos comerciales. Los contactos empezaron a tomar vuelo con el viaje del presidente Chávez a Madrid en 2004. Al año siguiente, el jefe de gobierno español devolvería la visita a Venezuela seguido más tarde por su ministro de Defensa, José Bono, que firmó un acuerdo para la venta de un ambicioso paquete de equipo militar que incluía 4 Buques de Vigilancia de Litoral Avantia 1400, 4 Buques de Patrulla Oceánica Avantia 2200 y una docena de aviones de transporte C-295 por un total de 1.726 millones de euros. Las gestiones serian facilitadas por Raúl Morodo, una figura próxima al entonces titular de defensa y embajador en Caracas entre 2004 y 2007.

El generoso contrato de armamento con Caracas se firmó justo cuando Washington ya estaba hondamente preocupado por la deriva autoritaria de Chávez y trataba de frenar el rearme de Venezuela que había iniciado negociaciones con Moscú para la compra de 24 cazabombarderos SU-30. De hecho, el Departamento de Estado decretó un embargo de armas contra el régimen chavista en 2006. Ni esta decisión, ni las gestiones de la embajada norteamericana en Madrid sirvieron para disuadir a Rodríguez Zapatero y Bono que siguieron adelante con la venta.6 EE.UU. consiguió frenar la transferencia de las aeronaves dado que incluían componentes estadounidenses, pero no pudo hacer lo mismo con el material naval que comenzó a ser entregado en 2010.

Con los negocios llegó la corrupción casi inevitablemente asociada con cualquier transacción con el Chavismo. Hay al menos tres episodios claves en este sentido. Primero, está la cuestión de las comisiones asociadas a la transferencia de buques a la marina bolivariana. Pese a ser un contrato de gobierno a gobierno que habitualmente no necesita de intermediaciones, la venta de los buques incluyó una comisión del 3,5% de su valor (43.5 millones de euros) para la firma venezolana Rebazve.

 De esta cantidad, 12,4 millones de euros serían transferidos a la firma Camino Nuevo para posteriormente ser pagados a Javier Salas Collantes, un ex-director del INI bajo el gobierno de Felipe González, y su antiguo subordinado Antonio Rodríguez-Andía. Paradójicamente, el caso sería sobreseído después de que la jueza a cargo llegase a la conclusión de que los fondos eran de procedencia venezolana y, por tanto, no cabía alegar malversación de caudales públicos españoles.
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El segundo caso es el proceso contra el ex- embajador Raúl Morodo y varios miembros de su familia por el desvío de fondos PDVSA, la petrolera estatal venezolana, por un valor de 35 millones de euros a través de contratos ficticios ejecutados entre 2008 y 2018. Por entonces, Morodo ya había dejado la embajada de Caracas donde se había hecho famoso por su cercanía la cúpula chavista y Rafael Ramírez ocupaba la presidencia de PDVSA donde se perfilaba como un posible sucesor de Chávez. La investigación está en curso y no se ha conseguido determinar completamente las dimensiones del entramado y el destino final de los fondos. De hecho, las pesquisas judiciales sufrieron un duro golpe cuando Juan Carlos Márquez Cabrera, un ex–funcionario de PDVSA próximo a Ramírez que había firmado los pagos a la red de Morodo, apareció muerto en su despacho en una localidad cercana a Madrid en julio de 2019.

Finalmente, está el escándalo entorno a la supuesta propiedad de una mina de oro por Rodríguez Zapatero en la región venezolana de Ikabarú, próxima a la frontera con Brasil. En marzo de este año, la ex-senadora colombiana Piedad Córdoba, próxima al Chavismo, comentó este hecho durante una entrevista con la web de noticias colombiana “Las 2 Orillas”. Sin embargo, el escándalo ha recobrado actualidad después de que el General Hugo Carvajal, ex responsable de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) venezolana, en prisión en España a la espera de su extradición a EE.UU., anuncio que aportaría pruebas de la existencia de dicha explotación minera. Durante su entrevista, Córdoba dio a entender que Rodríguez Zapatero no estaba solo en esa actividad: “me dijo [que] ‘a todos nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá’”.

¿Trama de corrupción u operación de influencia?

Todavía no existe claridad del destino final de buena parte de los fondos canalizados por estas redes de corrupción y si fueron usados sólo para engrosar patrimonios personales o también para financiar actividades políticas. Sin embargo, algunos indicios no permiten descartar completamente esta última posibilidad. Por un lado, la larga tradición del chavismo de comprar aliados políticos por medio de gruesas contribuciones ilegales a sus campañas políticas. Por otra parte, las declaraciones del 
general Manuel Christopher Figuera, antiguo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), exiliado en Madrid, quien señaló en una entrevista a esRadio que hay “algo que se ha subestimado y es la relación del PSOE con la dictadura” y continuó “esa relación se afianzo en los tiempos del ex-presidente Rodríguez Zapatero”.

Sea como fuere, las relaciones con el chavismo empezaron a dar señales de su toxicidad muy pronto. Muchos todavía recuerdan los exabruptos de Chávez contra José María Aznar en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile en noviembre de 2007 que terminaron con el sonoro “por qué no te callas” del rey Juan Carlos I. Rodríguez Zapaterocondenó los insultos del líder venezolano al ex–jefe de gobierno español, pero eso no rompió los lazos con el régimen chavista. De hecho, el distanciamiento solo duro hasta la visita de Chávez a Madrid en julio de 2008 que sirvió para escenificar la reconciliación.

Rodríguez Zapatero dejó el gobierno en 2011, pero sus lazos con el Chavismo persistieron y un nuevo animal político en ascenso ofreció a Caracas otra oportunidad para incrementar su influencia en España: Podemos. La formación morada surgió de la reunión de una serie de figuras de extrema izquierda sacadas de la marginalidad por las protestas en reacción a la crisis económica de 2008 que cristalizaron en el “Movimiento de los Indignados” o “Movimiento 15-M”. Para entonces, muchos de los futuros dirigentes de Podemos llevaban años de relaciones con el chavismo y se habían convertido en la apuesta preferida de Caracas para tener voz en la política española gracias a su sintonía ideológica con la revolución bolivariana.

Una parte de las conexiones entre Venezuela y Podemos se materializaron a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (C.E.P.S), una entidad dedicada al análisis político que contó entre sus directivos al núcleo fundador del partido, incluidos Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa. No existe certeza de cuantos fondos recibió CEPS del régimen chavista a través de una multitud de contratos con una variedad de organismos del gobierno venezolano, pero, según el diario ABC, podría sumar hasta 6,7 millones de euros entre 2003 y 2012.

A esta cifra habría que sumar otro canal de financiación revelado por el General Carvajal en sus comparecencias ante la justicia española. De acuerdo con el militar venezolano, Podemos se habría beneficiado de recursos provenientes de un fondo rotatorio cubano- venezolano algunos de cuyos pagos habrían llegado al partido español por valija diplomática. Estas contribuciones habrían continuado con Nicolás Maduro quien, en 2013, autorizó un contrato con Bescansa y otros dos activistas de Podemos por 142.000 dólares con el supuesto objetivo de apoyar la comunicación de PDVSA en el Congreso Mundial de Petróleo de Moscú. Ciertamente, se puede poner en duda la veracidad del testimonio de Carvajal, pero lo cierto es que la Audiencia Nacional ha optado por reabrir la investigación sobre la posible financiación ilegal de Podemos.

Buena parte de la opinión pública españolas han visto los pagos ilegales del régimen chavista a funcionarios socialistas como casos de corrupción mientras los dineros entregados a los dirigentes de Podemos eran percibidos como muestras de solidaridad revolucionaria. Sin embargo, hay otra forma de leer estas conexiones ilegales: una enorme operación de influencia encubierta para condicionar la política española hacia Venezuela. Se trataría de una reedición de las denominadas “medidas activas” que los servicios de inteligencia de Moscú han utilizado extensamente durante la Guerra Fría y después de ella. Lo cierto es que uno de los documentos entregados por el General Carvajal deja pocas dudas sobre el objetivo del gobierno chavista al contratar a la Fundación CEPS: “estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas [...] que en España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano”.

Visto desde esta perspectiva, el régimen chavista solo pudo ver con satisfacción el desenlace de las elecciones de noviembre de 2019 que condujeron a la formación de un gobierno de coalición del PSOE y Podemos, dos partidos que incluían individuos con los que el chavismo había tejido relaciones políticas y, en algunos casos, podía contar con lo que se llegó a conocer en el sistema soviético como “kompromat”, material comprometedor para condicionar el comportamiento de un personaje influyente.

Resulta imposible saber si el presidente Maduro ha recurrido a este tipo de tácticas y hasta qué punto la toma de decisiones del gobierno español ha podido ser condicionada. Podría resultar que el régimen de Caracas no cuente con ningún “kompromat”. Podría ser también que el gobierno de Pedro Sánchez haya actuado de forma completamente independiente en sus relaciones con Venezuela. Pero lo que se debe reconocer es que las señales enviadas por Madrid han sido nefastas, manifestando ver un nivel de benevolencia hacia la narco-dictadura condenada que ha sembrado dudas, en más de una capital, incluida Washington.

Sánchez y Venezuela: ¿relaciones peligrosas?

A modo de muestra, vale la pena recordar algunos hechos claves que han marcado las relaciones hispano-venezolanas desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Para empezar, este el papel jugado por José Luis Rodríguez Zapatero que inicialmente se presentó como mediador entre el gobierno de Maduro y la oposición democrática para luego terminar acusado de apologeta de la dictadura. El ex – presidente español inicio su andadura como intermediario entre el régimen chavista y sus opositores en las negociaciones de 2016 y su prestigio se vino abajo rápidamente, después de manifestar que veía inconveniente el referéndum revocatorio impulsado por la oposición para desalojar del poder a Maduro. La ruptura definitiva llegaría en las conversaciones de Santo Domingo en 2018 cuando criticó a la oposición por rechazar un acuerdo que no ofrecía garantías para la participación de los partidos y lideres proscritos por la dictadura en las elecciones presidenciales de ese año.

Pese al rechazo de la oposición, Rodríguez Zapatero ha continuado involucrado en la crisis venezolana, cada vez más claramente escorado hacia el chavismo. De hecho, se unió al ministro de asuntos exteriores ruso, Sergei Lavrov, para bendecir el establecimiento de la Mesa Nacional de Dialogo en febrero de 2020, un supuesto foro de negociaciones creado por el régimen con partidos bajo su control

A esta cifra habría que sumar otro canal de financiación revelado por el General Carvajal en sus comparecencias ante la justicia española. De acuerdo con el militar venezolano, Podemos se habría beneficiado de recursos provenientes de un fondo rotatorio cubano- venezolano algunos de cuyos pagos habrían llegado al partido español por valija diplomática.13 Estas contribuciones habrían continuado con Nicolás Maduro quien, en 2013, autorizó un contrato con Bescansa y otros dos activistas de Podemos por 142.000 dólares con el supuesto objetivo de apoyar la comunicación de PDVSA en el Congreso Mundial de Petróleo de Moscú.14 Ciertamente, se puede poner en duda la veracidad del testimonio de Carvajal, pero lo cierto es que la Audiencia Nacional ha optado por reabrir la investigación sobre la posible financiación ilegal de Podemos.

Buena parte de la opinión pública españolas han visto los pagos ilegales del régimen chavista a funcionarios socialistas como casos de corrupción mientras los dineros entregados a los dirigentes de Podemos eran percibidos como muestras de solidaridad revolucionaria. Sin embargo, hay otra forma de leer estas conexiones ilegales: una enorme operación de influencia encubierta para condicionar la política española hacia Venezuela. Se trataría de una reedición de las denominadas “medidas activas” que los servicios de inteligencia de Moscú han utilizado extensamente durante la Guerra Fría y después de ella. Lo cierto es que uno de los documentos entregados por el General Carvajal deja pocas dudas sobre el objetivo del gobierno chavista al contratar a la Fundación CEPS: “estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas [...] que en España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano”.

Visto desde esta perspectiva, el régimen chavista solo pudo ver con satisfacción el desenlace de las elecciones de noviembre de 2019 que condujeron a la formación de un gobierno de coalición del PSOE y Podemos, dos partidos que incluían individuos con los que el chavismo había tejido relaciones políticas y, en algunos casos, podía contar con lo que se llegó a conocer en el sistema soviético como “kompromat”, material comprometedor para condicionar el comportamiento de un personaje influyente.

Resulta imposible saber si el presidente Maduro ha recurrido a este tipo de tácticas y hasta qué punto la toma de decisiones del gobierno español ha podido ser condicionada. Podría resultar que el régimen de Caracas no cuente con ningún “kompromat”. Podría ser también que el gobierno de Pedro Sánchez haya actuado de forma completamente independiente en sus relaciones con Venezuela. Pero lo que se debe reconocer es que las señales enviadas por Madrid han sido nefastas, manifestando ver un nivel de benevolencia hacia la narco-dictadura condenada que ha sembrado dudas, en más de una capital, incluida Washington.

Sánchez y Venezuela: ¿relaciones peligrosas?

A modo de muestra, vale la pena recordar algunos hechos claves que han marcado las relaciones hispano-venezolanas desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Para empezar, este el papel jugado por José Luis Rodríguez Zapatero que inicialmente se presentó como mediador entre el gobierno de Maduro y la oposición democrática para luego terminar acusado de apologeta de la dictadura. El ex – presidente español inicio su andadura como intermediario entre el régimen chavista y sus opositores en las negociaciones de 2016 y su prestigio se vino abajo rápidamente, después de manifestar que veía inconveniente el referéndum revocatorio impulsado por la oposición para desalojar del poder a Maduro. La ruptura definitiva llegaría en las conversaciones de Santo Domingo en 2018 cuando criticó a la oposición por rechazar un acuerdo que no ofrecía garantías para la participación de los partidos y lideres proscritos por la dictadura en las elecciones presidenciales de ese año.

Pese al rechazo de la oposición, Rodríguez Zapatero ha continuado involucrado en la crisis venezolana, cada vez más claramente escorado hacia el chavismo. De hecho, se unió al ministro de asuntos exteriores ruso, Sergei Lavrov, para bendecir el establecimiento de la Mesa Nacional de Dialogo en febrero de 2020, un supuesto foro de negociaciones creado por el régimen con partidos bajo su control.

Todo este ajetreo en torno a Venezuela ha permitido a Rodríguez Zapatero trabar una estrecha relación con figuras claves del chavismo como Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, y su hermana Delcy vicepresidenta de Maduro y conocida por dirigirse al ex-jefe de gobierno español como “mi príncipe”.17 La oposición democrática tiene apelativos menos cariñosos hacia el socialista español. Julio Borges, líder del partido Primero Justicia, lo calificó de “enemigo de Venezuela”.

El ejecutivo español ha insistido que Rodríguez Zapatero actúa en la crisis venezolana a título personal. Sin embargo, la cercanía del ex–presidente al chavismo y su acceso privilegiado al gobierno y el PSOE hacen poco por desmentir los rumores de que el régimen venezolano cuenta con un acceso privilegiado a la cúpula gubernamental española. Tampoco lo hace la breve visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Barajas en enero de 2020 durante la que se encontró con el por entonces ministro de Obras Públicas, José Luis Ábalos.

Vale la pena enfatizar algunos aspectos de esta historia que resultan llamativos. Para empezar, Delcy Rodríguez asumió algunos riesgos legales aterrizando en España. Se trata de una persona cuya entrada en territorio europeo está prohibida como parte de las sanciones impuestas por la UE a la cúpula chavista. En consecuencia, la protección diplomática de la vicepresidenta estaba en entredicho y podía ser sujeto de acciones. Sin embargo, Rodríguez parecía estar segura de que tal eventualidad era un imposible cuando optó por aterrizar en España. De hecho, el plan inicial no era una breve escala en el aeropuerto sino una estancia de varios días que incluía una reunión con Rodríguez Zapatero.

El segundo asunto tiene que ver con abultado equipaje que trasladó a Madrid la vicepresidente venezolana. La explicación de esta extravagancia aportada por el general Manuel Christopher Figuera en la mencionada entrevista suena creíble. Las sanciones económicas han expulsado al régimen chavista del sistema financiero internacional. Como consecuencia, el gobierno de Caracas no puede mover fondos a través de los canales bancarios regulares, sea para los pagos de rutina a sus diplomáticos, sea para actividades inconfesables como llenar los bolsillos de sus cómplices. Bajo estas circunstancias, el régimen chavista ha montado un sistema para mover grandes cantidades de efectivo para alimentar sus redes internacionales. Las maletas de Delcy podrían formar parte de este entramado. Pero si este es el caso, la pregunta es porque las autoridades españolas permitieron su ingreso.

Finalmente está lo que se podría ver como una coincidencia o la huella de la visita de la vicepresidenta venezolana en la política exterior española. Después de su nombramiento como presidente interino por la Asamblea Legislativa controlada por la oposición en enero de 2019, Juan Guaido fue reconocido como jefe de Estado legítimo de Venezuela por EE.UU. y varios países latinoamericanos. Las cosas fueron más despacio en Europa en buena medida por España. Madrid se declaró en “espera activa” y el entonces ministro de asuntos exteriores español y hoy Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, subrayó que el gobierno español no quería "hacer seguidismo de nadie", una alusión a separarse de la posición de Washington. La administración Sánchez solo reconocería a Guaido casi dos semanas más tarde, como parte de una decisión de la UE.

Pero el alineamiento con la oposición venezolana no duró mucho. Delcy Rodríguez aterrizó en Barajas casi un año después del reconocimiento de Guaido y tres días antes de que este visitase España. Nunca se ha conocido su conversación con Ávalos, pero lo cierto es que Sánchez eludió reunirse con el líder opositor. Este tratamiento al presidente interino venezolano fue distinto del ofrecido por la diplomacia francesa que incluyó un encuentro con el presidente Emmanuel Macron en el Eliseo o la alemana que concertó una reunión con la canciller Ángela Merkel en el Foro de Davos. El contraste con EE.UU. fue aún mayor. Donald Trump fue el promotor del reconocimiento internacional de Guaido y lo transformó en la estrella invitada de su discurso de la Unión de 2020. De este modo, la posición de Sánchez agudizó las contradicciones con EE.UU. y se distanció de sus socios europeos. El único contentó resultó ser Rodríguez Zapatero que afirmó que el jefe de gobierno español “acierta” al no recibir a Juan Guaido.

La política venezolana de Pedro Sánchez ha continuado sorprendiendo desde entonces. El pasado marzo el gobierno de coalición PSOE- Podemos anuncio la concesión de una ayuda de 53 millones de euros a la línea aérea Plus Ultra cuya actividad se centraba en explotación de la conexión Madrid-Caracas. Dichos recursos procedían del denominado “Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas” lo que resulta paradójico si se tiene en cuenta que, en el momento de la concesión de la subvención, la compañía representaba menos del 0,03% del sector y estaba en manos de venezolanos en un 57%. La cosa no pasaría de un caso más de mala gestión o corrupción si no fuese por las conexiones políticas de los venezolanos involucrados en la compañía.

La línea aérea tiene al menos tres conexiones con el entramado político-criminal construido por el chavismo. La primera es que Plus Ultra heredó alguno de sus directivos de Avior Airlines, otra compañía de transporte aéreo próxima al chavismo. De hecho, el actual director comercial de Plus Ultra, Gibson Preziuso, fue vicepresidente de Avior. Esta compañía ha sido acusada de violar las sanciones por servir de puente para la transferencia un Airbus 340-300 al gobierno de Caracas y dos de sus accionistas fueron condenados a un año de cárcel en EE.UU. por estar involucrados en trama venezolana para financiar la campaña electoral de la presidenta argentina Cristina Fernández en 2007.

El segundo vínculo con el regimen de Maduro viene a través de los inversores Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff que rescataron la compañía en 2018 con la adquisición de una participación por valor de 2,47 millones de euros. Ambos controlan el banco AndCapital con sede en Puerto Rico y están siendo investigados por las autoridades norteamericanas por su participación en un masivo esquema de lavado de dinero que habría blanqueado fondos de la cúpula chavista procedentes del narcotráfico y otras actividades ilegales. La sospecha es que la inversión realizada en Plus Ultra podría venir de esa bolsa de dinero negro.

Finalmente, están las relaciones de los socios principales de la línea aérea, Rodolfo José Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie, con el magnate chavista Camilo Ibrahim Issa y, a través de este, con la cúpula del régimen. De hecho, los accionistas de Plus Ultra son socios de Camilo Ibrahim Issa en dos compañías españolas dedicadas al comercio de alimentos. Además, la esposa de Reyes Rojas, María Aurora López López, y el sobrino de Camilo Ibrahim Issa, Mohamed Ibrahim Ibrahim, coinciden en la junta del banco panameño Panacorp Casa de Valores que rescató Plus Ultra con un préstamo de 6,3 millones de euros en otra de sus frecuentes crisis en 2017. La conexión entre Camilo Ibrahim Issa con la cúpula chavista tiene nombres propios: la primera dama venezolana, Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
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La gran interrogante es porque el gobierno de Pedro Sánchez opta por subvencionar a una empresa económicamente irrelevante y con conexiones con un entramado criminal de esta naturaleza. Es posible que las razones no se lleguen a saber, pero lo que sí son patentes son los motivos de disgusto de Washington en el caso Plus Ultra. Se calcula que 1 de cada 4 millones de los 53 entregados por el gobierno de Madrid terminarán directamente en los bolsillos del régimen venezolano en la medida en que serán usados por pagar deudas de la compañía con las autoridades de Caracas mientras que el dinero restante ayudará a reflotar una empresa bajo el control de jerarcas chavistas. En otras palabras, dinero público español será utilizado para romper el aislamiento económico de una dictadura caribeña hostil al gobierno de EE.UU.

De Trump a Biden: todo cambia, pero España sigue mal

Entretanto, la política venezolana de Pedro Sánchez ha seguido la estela de Rodríguez Zapatero, enfatizando las diferencias con EE.UU. y abanderando una supuesta opción negociadora que no ha sido incapaz de avanzar un paso en la democratización de Venezuela y ha dividido el frente internacional contra a la dictadura. Este fue el caso con la creación del Grupo Internacional de Contacto, una iniciativa impulsada por España dentro de la Unión Europea que condujo al establecimiento de un grupo de países europeos y latinoamericanos que trataron de mediar entre Maduro y Guaido justo cuando la administración Trump apostaba por una estrategia de aislamiento político y económico. La iniciativa arrancó en una conferencia celebrada en Montevideo en febrero de 2019 que se presentó como una reunión de “países neutrales”. La propuesta de mediación fue seguida por comentarios como el del entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, que comparó la diplomacia estadounidense del momento con “un cowboy que va diciendo ‘mira que desenfundo’”, nada que ayudase a la mejora del clima entre Madrid y Washington.

Bastantes en los pasillos del gobierno de Madrid vieron la salida del republicano Trump y la llegada del demócrata Biden a la Casa Blanca como el comienzo de un nuevo tiempo en el que Washington haría la vista gorda sobre los lazos inconfesables de la política española con el chavismo y seria más tolerante con el apaciguamiento de Madrid hacia Caracas. Lo cierto es que no hay duda de que hay un nuevo tono en el gobierno de EE.UU. que viene acompañado de un cambio en la política hacia Venezuela que ya inicio la administración anterior: la conciencia de que Maduro no podrá ser desalojado fácilmente del poder y la puesta en práctica de una doble estrategia que combina alguna forma de acomodo con la dictadura en el corto plazo y una incierta apuesta por buscar un cambio político en el largo plazo. La fórmula debería sonar familiar a cualquiera que conozca la política estadounidense hacia Cuba después de 1962.

Este es el sentido que tiene el respaldo proporcionado por Biden a las conversaciones entre chavismo y oposición que se abrieron el pasado mes de agosto en Ciudad de México e hicieron algunos progresos hasta que el régimen decidió suspender los contactos en protesta por la extradición a EE.UU. del empresario colombiano Alex Saab, una figura clave en el entramado de corrupción internacional de la dictadura. Lo mismo se puede decir del tímido respaldo prestado por EE.UU. a la decisión de la UE de enviar una misión de observación a las elecciones venezolanas de alcaldes y gobernadores del 21 de octubre. Sin duda, este tipo de movimientos representa una flexibilización de la política norteamericana hacia Venezuela... pero en absoluto promete llevar a una mejora del clima con España.

La decisión del presidente Donald Trump de apoyar la posición marroquí sobre el Sahara Occidental es el reflejo de una pérdida de confianza en España, en gran medida fruto de su pobre papel en la crisis venezolana, que promete perpetuarse con Joe Biden. Después de comprobar repetidas veces con Rodríguez Zapatero y Sánchez que Madrid podía anteponer sus relaciones con la satrapía de Caracas a las preocupaciones de Washington en su propio Hemisferio, la administración Trump calculó que resultaba rentable para los intereses norteamericanos impulsar el acercamiento árabe-israelí y fortalecer los vínculos con la monarquía alauita a costa de las relaciones con España.

Hay dos razones para pensar que ese mismo razonamiento seguirá vigente con Biden y las fricciones entre Madrid y Washington perdurarán. Por un lado, la administración demócrata puede estar dispuesta a buscar un modus vivendi con el régimen chavista, pero está determinada a frenar sus actividades criminales en el escenario internacional. Este esfuerzo implicara necesariamente desarticular redes de corrupción, algunas de cuyas conexiones claves pasan por Madrid e involucran a ciudadanos españoles. Por otra parte, hay también un importante factor psicológico. EE.UU. esperaba una actitud mucho más cooperativa de un aliado de la OTAN con el que le unen décadas de cooperación de seguridad. Una vez que la imagen de Madrid en Washington se ha degrado al nivel de Rabat, se tardara mucho tiempo en restablecer la confianza.

En consecuencia, es probable que los desencuentros se repitan, Washington reduzca su exposición en España y busque socios alternativos. Algunos episodios serán anecdóticos como el paso rápido del presidente Biden para evitar conversar con Pedro Sánchez en los pasillos en la cumbre de la OTAN en Bruselas el pasado junio. Pero otras cuestiones prometen ser más sustanciales como la reciente decisión de EE.UU. de trasladar la Agrupación Táctica Aire- Tierra para Propósitos Especiales de la Infantería de Marina – Respuesta de Crisis en África (SPMAGTF-CR-AF), una fuerza de 850 marines y su componente de aeromovilidad, de la base sevillana de Morón a la de Vicenza (Italia). Esta decisión reduce drásticamente las posibilidades de que el Mando de EE.UU. para África (AFRICOM) escoja España como futura sede ahora que planea su salida de Stuttgart (Alemania). Entretanto, el pasado junio, EE.UU. y Marruecos expandieron la escala de sus ejercicios anuales “African Lion” incluyendo más de 7.000 soldados.37 De este modo, aunque formalmente las relaciones hispano-norteamericanas se mantiene intacta, se multiplican las señales de un cambio en la atención prestada por EE.UU. a cada una de las orillas del Estrecho.

Por lo demás, sería conveniente no pasar por alto el potencial explosivo que podría tener el “caso Venezuela” en la política interna española. Los escépticos deberían recordar las consecuencias devastadoras que tuvo para la Democracia Cristiana italiana el descubrimiento sus relaciones con la Mafia a comienzos de los 90 o el impacto sobre la imagen internacional de Silvio Berlusconi de sus conexiones con el dictador libio, Muammar Gadafi, durante la década de 2000. Es probable que los más preocupados por la extradición a EE.UU. del General Hugo Carvajal y el empresario Alex Saab no estén en Caracas donde la cúpula de la dictadura goza de total impunidad sino en Madrid y otras capitales europeas y latinoamericanas donde las consecuencias políticas y judiciales para sus cómplices pueden ser inevitables. Entretanto, estaría bien que la opinión pública española preste más atención a lo que sucede en el exterior porque las cuentas de las malas amistades y las peores políticas siempre se pagan en casa.

AUTOR:
Román Ortiz, analista del Centro de Seguridad Internacional del Instituto de Política Internacional.