 Hace dos años, El Salvador asombró al mundo convirtiéndose en el primer país en hacer del bitcoin una moneda de curso legal. Periodistas de todo el mundo viajaron a la nación centroamericana de 6,3 millones de habitantes, conocida por sus playas, para dar a conocer la nueva realidad monetaria. El 7 de septiembre de 2021, cuando entró en vigor la nueva ley relativa a la criptomoneda, se sintió como un momento trascendental en el que un pequeño país obtuvo por unos instantes la atención del mundo entero. El interés internacional por el desarrollo del Bitcoin en El Salvador ha disminuido notablemente, pero el experimento sigue. Es tentador clasificar la “Ley Bitcoin”, como se llama al proyecto legislativo que permite hacer del activo digital moneda de curso legal, como un éxito o un fracaso. Nada es tan sencillo en El Salvador del presidente Nayib Bukele. La “bitcoinización” del país es difícil de analizar porque es opaca y tiene varios objetivos distintos: La inclusión financiera, al coincidir dos monedas distintas en un mismo territorio, las ganancias para las finanzas públicas y la reputación del protagónico presidente.
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 El bajo crecimiento y la crisis global son algunos de los factores principales que han frenado la recuperación del empleo en América Latina. Así lo consigna la Organización Internacional del Trabajo, que si bien hacia fines del año 2022 indicó que la tasa de desocupación llegó a niveles pre pandemia, es decir en torno al 7,2%, la recuperación ha sido lenta, aumentando la pobreza y la informalidad, a los que se suma el aumento de inflación y el bajo nivel de los salarios. Una situación compleja, si consideramos la frustración acumulada, ahora expresada en descontento social y electoral, que se viene incubando desde larga data. En ese contexto, la irrupción de las nuevas tecnologías como la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) y el bullado mediáticamente chat GPT (junto a una serie de herramientas disponibles), agrega más incertidumbres sobre el presente y futuro latinoamericano.  El día 2 de julio de 2022, Martín Guzmán abandonó su cargo como ministro de Economía, renunciando a través de twitter, y lo hizo en respuesta a la creciente desaprobación frente a su pésima gestión y porque el ala dura del kirchnerismo le vetaba cada mínima intención que el entonces ministro osaba aplicar para reducir el gasto público y la consecuente inflación. Así, luego de dos años y medio de gestión guzmanista, los cristinistas se mostraron implacables con quien por momentos parecía querer apartarse del ideario nacional y popular. Y entonces desembarcó Silvina Batakis en la cartera económica, por tan solo 24 días. Batakis es una economista especializada en temas monetarios, pero no era una funcionaria conocida dentro del círculo del establishment nacional e internacional, y además y principalmente, nos contó durante sus escasos días de gestión, que debían implementarse algunas medidas de ajuste para bajar el gasto público y la consecuente inflación, y esto nuevamente al kirchnerismo de Cristina no le gustó. El último mes de la gestión Guzmán nos marcó según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) una inflación de 7,4%, y el último y único mes de la gestión Batakis una inflación de 7,1%.  A nivel global, incluso en las naciones que presumen ser de extrema izquierda y maldecir al mercado, vivimos bajo un sistema capitalista y un sistema capitalista opera bajo un sistema de contratos y un sistema de contratos no puede funcionar si no hay reglas de juego claras, y no hay reglas de juego claras cuando la moneda pierde valor de modo persistente, y cuando la moneda pierde valor de modo persistente las inversiones no llegan y se van, y cuando pasa todo esto la producción y el empleo se resienten y nos encontramos frente a un problema macroeconómico de envergadura que puede marcarnos, que si el alza de los precios alcanza, técnicamente, un 100% anual nos encontramos frente a un régimen de alta inflación. Y si la tasa de inflación supera el 50% mensual, nos encontramos frente a una hiperinflación según lo establecido desde 1956 por el Profesor Philip Cagan de la Universidad de Columbia. La hiperinflación ocurre cuando se genera un rápido aumento en la cantidad de dinero circulante que no se corresponde con un aumento similar con la producción de bienes y servicios. De tal manera, con mayor cantidad de dinero respondiendo a los mismos bienes y servicios, se incrementa de modo veloz el valor de esos bienes y servicios medido en la moneda local.  Dentro de la heterogeneidad de los países latinoamericanos hay un diagnóstico que se viene repitiendo desde al menos 2019 de que la democracia en la región está fatigada. Ello es así porque, a pesar de la elección casi generalizada de los poderes del estado mediante comicios razonablemente libres, competitivos, con resultados aceptados por las partes y generadores de alternancia, la gente está descontenta y hay una severa crisis en la representación política. El descontento que producen expectativas que no se cumplen se refleja en la gente en la calle y en la desconfianza generalizada de la población en las instituciones. Por su parte, los partidos políticos, que han sido los canales monopolizadores de la política durante lustros, están desdibujados y se ven subvertidos por candidatos con propuestas extremadamente personalistas y estrategias comunicacionales que fomentan discursos polarizadores...  La guerra en Ucrania está afectando negativamente a la economía global e incrementando la incertidumbre sobre las perspectivas de Latinoamérica. Antes del conflicto, y de la desaceleración de la economía mundial, la recuperación de la región estaba perdiendo impulso. Las presiones de alzas de precios, presentes desde 2021, se han incrementado con la invasión de Rusia a Ucrania, y la mayoría de los países de la región han actuado rápidamente incrementando las tasas de interés y diseñando e implementando políticas públicas para mitigar la inflación de alimentos y energía, que impactan negativamente a los ciudadanos más vulnerables. El aumento de los tipos de interés globales complejiza el manejo de la política fiscal, en particular el servicio y refinanciamiento de la deuda externa, que aumentó significativamente debido al COVID-19. La mayor incertidumbre y volatilidad con respecto a la economía mundial podría dificultar el financiamiento a los gobiernos de la región.  Las elecciones que están teniendo lugar en América Latina desde 2021 (desde las de Perú en abril a las de Chile en noviembre) están conduciendo a una situación muy compleja a los países de la región cuyos electorados deben elegir habitualmente en segundas vueltas entre alternativas que plantean modelos de país no solo antagónicos sino incompatibles. Estas coyunturas desembocan en crisis de gobernabilidad o parálisis gubernamental en medio de un creciente malestar. Una desafección que hace un lustro era hacia los partidos, pero que ahora lo es también contra las instituciones democráticas... |
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