Centroamérica, el talón de Aquiles de América Latina

​El panorama político de Centroamérica en este 2023 no mueve en general al optimismo. Las democracias, instauradas en la región entre las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado – con la excepción de Costa Rica-, se encuentran en una situación de crisis y en casos como en el de Nicaragua o El Salvador, en un franco declive. En otros casos como el de Honduras, sin embargo, el escenario muestra tendencias contradictorias, como se verá inmediatamente.  La incapacidad de los distintos gobiernos de la región para dar respuesta a las principales demandas de la ciudadanía, unida a la corrupción, han erosionado fuertemente la reputación y el desempeño electoral de los partidos tradicionales. En este escenario de crisis generalizada de la representación política, se han abierto paso en los últimos años nuevos liderazgos que utilizan a los partidos como meras palancas de proyección de sus candidaturas y que llegan al poder aupados por el rechazo al establishment político que siente buena parte de la ciudadanía. 

Un caso ilustrativo de esta dinámica lo constituye El Salvador. Desde los Acuerdos de Paz de 1992, este país contaba con un sistema de partidos estable y estructurado en torno de dos grandes fuerzas políticas: ARENA y el FMLN. Sin embargo, la incapacidad de ambos partidos para ofrecer soluciones a problemas como la inseguridad, la falta de empleos formales o los bajos salarios, unida a la corrupción que afectó a ambas formaciones, posibilitó el ascenso a la presidencia de Nayib Bukele en 2019. Bukele se presenta a si mismo como un político antisistema, llegado para acabar con la “vieja política” y ofrecer soluciones eficaces a los problemas de la gente. Con un liderazgo reforzado por la aplastante mayoría parlamentaria obtenida en las elecciones legislativas de 2021, el presidente dio pasos para controlar la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con ello Bukele controla actualmente los tres poderes del estado, lo que le ha permitido obtener la aprobación de la reelección presidencial inmediata o promulgar un estado de excepción para combatir a las pandillas que se prolonga ya por más de diez meses. Pese a las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en el marco de esta legislación de excepción, los niveles de popularidad del presidente siguen siendo muy altos y las expectativas electorales de la oposición son extremadamente bajas. Todo ello constituye un escenario ideal para la consolidación de un régimen que está, en los hechos, transitando aceleradamente hacia el autoritarismo.  

El panorama en Costa Rica es muy diferente, pero se observa también un prolongado proceso de desgaste de la élite política tradicional, salpicada por graves casos de corrupción y el triunfo electoral de un outsider - Rodrigo Chaves- apoyado en una plataforma política creada ex profeso. Chaves llegó a la presidencia criticando a la clase política tradicional y prometiendo reconstruir el país, sin embargo, apenas seis meses después de iniciado su mandato, se enfrenta a una investigación por financiación ilegal de su campaña electoral en los comicios presidenciales de 2022 y a acusaciones que vinculan a algunos de los miembros de su gabinete con una campaña de desprestigio de opositores y periodistas en las redes sociales. En este caso y a diferencia de casi todo el resto de la región, las instituciones de la democracia siguen siendo sólidas, los mecanismos anticorrupción funcionan y el poder judicial goza de una considerable independencia, por lo que, pese al desprestigio de la clase política, el sistema político como tal no se encuentra amenazado. 

Por su parte, Guatemala representa un caso de captura del estado por parte de una élite de poder integrada por políticos y empresarios vinculados por entramados de corrupción. En este contexto, el gobierno del presidente Giammattei, en el cargo desde 2020, ha maniobrado para eliminar los últimos restos de independencia judicial que quedaban en el sistema. La Fiscalía General de la República ha servido como un instrumento de persecución tanto de algunos de los principales fiscales y jueces de la desaparecida CICIG – eliminada en 2019 por el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020)-, como de los encargados de la investigación que se estaba llevando a cabo contra el propio presidente Giammattei por la presunta financiación ilícita de su campaña electoral en 2019. En 2023 se celebrarán elecciones presidenciales, legislativas, municipales y al Parlamento Centroamericano. Las encuestas disponibles indican que la pugna se resolverá entre dos representantes de la élite política tradicional, por lo que nada mueve a pensar que este estado de cosas, cuyos orígenes se remontan a los resultados de los Acuerdos de Paz de 1996, se modifique sustancialmente. 

Por lo que respecta a Nicaragua, esta ha experimentado desde 2007 una lenta pero progresiva evolución desde un régimen híbrido hacia un nuevo autoritarismo, en el que el tándem conformado por el presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta -y esposa- Rosario Murillo, controlan todos los recursos del poder estatal. En este marco, en los últimos dos años el régimen se ha dotado de un marco jurídico dirigido a clausurar los últimos espacios de disidencia existentes – redes sociales, fundaciones y ONG-. A ello se suma la represión selectiva de una oposición que, además, se halla fuertemente dividida. En este marco, el pasado mes de noviembre el oficialismo arrasó en unas elecciones municipales en las que obtuvo más 73% de los votos y el control de todas las alcaldías del país. 

Finalmente, en Honduras, el desprestigio de los dos partidos tradicionales (el Liberal y el Nacional) ambos en el centro-derecha del espectro político, condujo en 2021 al triunfo de Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación – fundado en 2011 por su marido el ex presidente Zelaya-. A lo largo de su primer año en el gobierno – el primero de un partido de izquierda en la historia hondureña-, Castro está mostrando una considerable habilidad para construir consensos, imprescindibles toda vez que no goza de una mayoría legislativa suficiente. Castro se comprometió desde su campaña electoral a hacer frente a los problemas de violencia, violaciones a los derechos humanos y corrupción que sufre el país de forma crónica. La estrategia para lidiar con la violencia que su gobierno está desarrollando desde noviembre de 2022 se ha inspirado, sin embargo, en la puesta en marcha por el gobierno salvadoreño – el estado de excepción-, lo que le ha ocasionado un aluvión de críticas por parte de ONG y medios de comunicación críticos. De otro lado, la presidenta ha  dado pasos para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), lo cual constituye una señal muy positiva en términos de voluntad de combate a la corrupción y la impunidad en el país. Falta ver si su gobierno logrará respaldo suficiente para acometer el resto de reformas -como la del derecho al aborto- que se propone realizar.  

Este es de forma somera el panorama político centroamericano en este año 2023. Perspectivas bastante sombrías, pero también algunas – muy pocas en realidad- razones para el optimismo. 

Autora:
Alberto Martín Álvarez
Universidad de Girona