Los retos del tercer gobierno Lula: la armonía entre ejecutivo y legislativo

Este 1º de enero de 2023, Lula tomará posesión para su tercer mandato como presidente de Brasil. El gobierno elegido con un pequeño margen de ventaja[1] a finales de octubre de 2022 enfrentará un escenario con muchos desafíos, en especial de orden político e institucional. Lula ha intentado, ya desde que formó el equipo de transición, incorporar los diferentes grupos políticos/ partidos que le apoyaron en el periodo electoral[2]: esta ingeniería es aún más compleja en la composición de los ministerios. El presidente intenta incorporar en su gobierno, en los cargos del alto escalafón y en los ministerios, a los representantes de los partidos que le apoyaron en el periodo electoral[3]. Una característica de la nueva gestión es que incorpora partidos de un amplio arco ideológico, desde la izquierda hasta la centroderecha. Incluido el PSD y el MDB: en esta última fuerza destaca su candidata a presidenta, Simone Tebet, la tercera en la primera vuelta...

El PT ocupará posiciones estratégicas, como es el caso del área económica, cuyo ministro de hacienda será el petista Fernando Hadad, exalcalde de São Paulo,  y de la Casa Civil, cuyo ministro será Ruy Costa, ex gobernador del estado de Bahía. Representantes de sus principales aliados están entre el equipo de gobierno, como es el caso del nuevo ministro de defensa José Múcio Montero, del PTB, o el nuevo ministro de justicia Flavio Dino, del PSB. A pesar de situar a su propio partido (PT) en importantes ministerios (Relaciones Institucionales, Educación y Trabajo, son otros ejemplos), es posible observar que los diferentes partidos que formaron parte de la coalición electoral ganaron espacio en el nuevo gobierno. Para responder al desafío de incorporar una amplia coalición y presentar una composición que atienda a las demandas de la sociedad, el presidente aumentará el número de puestos ministeriales. Actualmente el gobierno Bolsonaro tiene 23 ministerios, Lula ya anunció 37: así tendrá espacio político para incorporar sus distintos aliados y buscar apoyo en el Parlamento.

Además de los retos en la composición ministerial para acomodar a sus aliados políticos, Lula va a tener que enfrentarse a un parlamento compuesto por 188 diputados de partidos que apoyaron a su opositor en las elecciones (PL, PP, Republicanos y PTB). Estos, junto a los partidos de derechas que no manifestaron apoyo ninguno de los dos principales candidatos (União Brasil y Novo), suman 255 escaños, o sea el 49% de las bancas son de partidos de derecha donde el 37% ya se manifestó como oposición. Los partidos de centro o centroderecha que no tomaron posición en el segundo turno son PSD, MDB, PSDB, Podemos, Patriota y PSC: juntos alcanzaron 120 diputados (23% del total de escaños). Los partidos de izquierda o centroizquierda que apoyaron a Lula en la primera y/o segunda vuelta[4], eligieron 143 diputados (28%). Esta composición exigirá de Lula toda su habilidad política para ganar el apoyo de los demás congresistas, para aprobar sus propuestas, en especial de los partidos del llamado centrão[5].

El primero reto del gobierno en relación con la conformación de la coalición ha sido la aprobación de la PEC de la transición, una enmienda a la constitución que permite al gobierno dejar fuera del techo de gastos[6] R$ 145 mil millones en el presupuesto para cubrir gastos con programas sociales, como el Bolsa Família, el Auxílio Gás y la Farmácia Popular, entre otros. Esta enmienda a la constitución también exime al Poder Ejecutivo de solicitar autorización al Congreso para emitir bonos del Estado para financiar gastos corrientes durante los próximos dos años, sin pasar por la llamada "regla de oro". Para 2023, los recursos seguirán fuera de los resultados primarios[7]. 

La PEC fue aprobada el último 21 de diciembre, pero no de la manera que se había propuesto ya que el gobierno Lula pedía 2 años de excepciones. Pero después de todas las negociaciones, lo que se aprobó fue 1 año, valdrá solamente para 2023. Para garantizar la aprobación de esta PEC y establecer una relación harmoniosa entre los poderes legislativo y executivo, Lula ha señalado que apoya la relección de Arthur Lira a la presidencia de la Cámara de Diputados. Sin embargo, Lira esperaba, también, el mantenimiento del Presupuesto Secreto[8], que fue juzgado inconstitucional por el Superior Tribunal Federal, el ultimo día 19, lo que ha causado una fricción entre Lira y Lula.

Este primer episodio señala que hay posibilidades de que gobierno tenga una coalición suficiente para aprobar políticas, pero que no será un proceso fácil. Las relaciones con el Congreso seguirán este patrón: Lula tendrá que negociar a cada medida que pretenda implementar en su gobierno. En el actual contexto difícilmente veremos grandes cambios en términos de políticas públicas. Más bien vamos a tener más políticas que necesitaran un considerable proceso de negociación entre ejecutivo y legislativo. 

Garantizar la harmonía entre los poderes será uno de los desafíos de Lula. Después de los cuatro años del gobierno Bolsonaro, un presidente que generaba constantes conflictos con el poder legislativo y, principalmente, con el judicial, se espera que la normalidad institucional esté de vuelta. De hecho, lo que se observa es que, a pesar de tener una base de apoyo minoritaria en el Congreso Nacional, debido a las características de negociación y conciliación de Lula, las cuestiones institucionales serán mejor gestionadas en el gobierno que se inicia este uno de enero.

Autora:
Soraia Marcelino Vieira
Politóloga, Profesora en la Universidad Federal Fluminense

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[1] Lula recibió el 50,9% de los votos contra los 49,1% de que recibió su opositor, Bolsonaro

[2] Lula ha formado la coalición electoral más grande de su historia política, incorporando partidos que van desde la izquierda hasta la centro derecha. 

[3] Lula recibió el apoyo de 16 partidos: Federação Brasil da Esperança (PT, PV y PCdoB), Federação PSOL/Rede (PSOL e Rede), PSB, Solidariedade, Pros, Avante, Agir, PDT, Cidadania, PCB, PSTU, PCO y Unidade Popular.

[4] , PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL, REDE, Avante, Solidariedade, PROS y Cidadania,

[5] Partidos fisiológicos que están abiertos a negociación.

[6] El techo de gasto es una restricción presupuestaria limita los gastos público no permitiendo al gobierno  aumentarlo. 

[7]https://www.camara.leg.br/noticias/930292-camara-pode-votar-pec-da-transicao-nesta-terca-feira/#:~:text=De%20autoria%20do%20Senado%2C%20a%20PEC%20da%20Transi%C3%A7%C3%A3o,Fam%C3%ADlia%2C%20Aux%C3%ADlio%20G%C3%A1s%20e%20Farm%C3%A1cia%20Popular%2C%20entre%20outros.

[8] El "presupuesto secreto" es un nombre dado a las enmiendas del relator, la cuales no siguen las reglas de publicidad y transparencia de otros tipos de enmiendas, y desde 2019, el nombre del parlamentario que solicitó el dinero, está oculto, porque el relator negocia cuánto puede indicar cada diputado.  Pero sin la identificación del diputado o senador en el proyecto de presupuesto. Tal emenda dificulta la transparencia de los gastos de dinero público.