El 27 de marzo de 2022 después de una escalada de violencia que terminó con más de 60 muertos aquel día, el presidente salvadoreño solicito a la asamblea legislativa la aprobación inmediata del estado de excepción en el país que se encuentra regulado en los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución Salvadoreña de 1983. La asamblea legislativa, con una mayoría holgada del partido en el gobierno, aprobó la medida por primera vez en marzo del pasado año y desde entonces, con periodicidad mensual, tal y como lo establece la carta magna, el presidente Nayib Bukele ha venido solicitando sucesivas ampliaciones que han sido aprobadas por la asamblea legislativa sin excesivo debate, lo que demuestra el debilitamiento que está sufriendo la conversación nacional en El Salvador. Hasta la fecha se han aprobado 12 prorrogas consecutivas de esta medida, una por cada mes transcurrido. La última de ellas entro en vigor el 16 de marzo estando vigente hasta el 16 de abril del presente año. Se da por seguro que el gobierno solicitara nuevas ampliaciones, que serán aprobadas, a su vez, por el poder legislativo. Aunque la denominada “clase política” salvadoreña, liderada por los miembros del partido Nuevas Ideas, considera adecuada la aplicación de este precepto constitucional en la “guerra contra las maras” emprendida por el Gobierno Bukele, esta decisión política no es compartida por las diferentes organizaciones de derechos humanos radicadas en territorio salvadoreño.
Como ejemplo de lo anterior, es oportuno señalar aquí la postura de la asociación “Cristosal”[1] que califica el régimen de excepción como “totalmente negativo” en palabras de Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la ONG, para los intereses del país centroamericano. Son varios los motivos esgrimidos por Cristosal para justificar su postura contraria a la aplicación “sine die” del estado de excepción en El Salvador. Entre otros, se pueden señalar los siguientes: Incide en el uso repetido y arbitrario de los poderes de emergencia que “deja instalada una práctica del uso de régimen de excepción que se convierte casi en un régimen permanente de reducción y restricción de derechos constitucionales”, En esta línea, remarca que los regímenes de excepción se implementan “por causas graves, en forma temporal y excepcional”.[2] En consonancia con la denuncia realizada por Cristosal, el autor considera evidente que el Gobierno Salvadoreño ha sobrepasado ostensiblemente las posibilidades de “control” que el mecanismo constitucional confiere al poder ejecutivo sobre la población en general. Asimismo, se debe denunciar que la situación “de emergencia constitucional” ha pasado de ser temporal a convertirse en permanente, lo que desnaturaliza por completo el espíritu que informa los artículos 29, 30 y 31 de la constitución salvadoreña. La vigencia “sine die” del Estado de Excepción constitucional provoca la violación reiterada de principios básicos del Estado de Derecho como son el Principio de Presunción de inocencia, así como el Derecho a la Inviolabilidad de Morada y el Derecho a la integridad Física, entre otros. Durante el año de vigencia de esta medida constitucional, se han detectado y denunciado por parte de las ONGs, casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en las cárceles salvadoreñas. Estas situaciones son contrarias a la constitución de la república y los tratados internacionales suscritos por El Salvador. Sin embargo, al encontrarse suspendidas algunas garantías constitucionales, estas prácticas, que son contrarias a los derechos humanos de las personas, se realizan continuamente. Recientemente, el presidente inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) una nueva cárcel con capacidad para al menos 40.000 pandilleros. En las imágenes divulgadas recientemente por el Gobierno se observa a cientos de detenidos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos mientras son trasladados al CECOT. Una muestra más del desdén por los derechos humanos por parte del gobierno de Nayib Bukele. No estamos ante el primer artículo que el autor redacta para analizar el estado de excepción vigente en El Salvador. Teniendo en cuenta que le mueve, además de una cuestión personal, pues estamos ante su país de origen, una honda preocupación por la deriva autócrata del presidente Nayib Bukele así como el desgaste continuo al que están siendo sometidas todas las instituciones ajenas al poder y que son imprescindibles a efecto de considerar a la democracia salvadoreña como una democracia liberal, homologable a las existentes en los países desarrollados. En opinión del autor, las políticas de seguridad pública aplicadas por el Gobierno Bukele constan de dos caras diferentes: La primera de ellas, que se identifica con “la guerra contra las maras”, viene siendo analizada por el autor en sucesivos artículos como este y se podría calificar como “la política del pan para hoy y abre para mañana” pues soluciona el problema a corto plazo, pero la pregunta que se considera pertinente es la siguiente: ¿Cuánto tiempo va a perdurar el estado de excepción? Y alguna más: ¿Qué pasara después? ¿Qué futuro le espera a El Salvador los próximos 10 o 15 años vista? La otra cara de estas políticas de seguridad es la que nos indica que, en la mayoría de las ocasiones, estas políticas no están basadas en la implantación y desarrollo de programas permanentes y efectivos de combate y prevención del crimen. Esto conllevara que tarde o temprano volverán a generarse las condiciones que han llevado al país a la situación de decadencia institucional que atraviesa en la actualidad. En este sentido, se considera conveniente animar al Gobierno de El Salvador a la elaboración, en conjunto con las fuerzas vivas del país, de un “Plan Integral de Nación” que abarque las áreas de economía, educación y empleo con objetivos concretos y realizables en los próximos 10 años. La duración mínima de 10 años que se propone no es casual. El autor busca con ello abarcar más de un periodo presidencial, de cinco años, lo que encaminara a El Salvador a mayores cotas de bienestar para los próximos lustros sin importar los cambios políticos que se pudieran producir en el futuro próximo. Autor: Diego Lopez Sisniega
[1] organización con más de 20 años de experiencia defendiendo derechos humanos en El Salvador. [2] Rueda de prensa de balance de un año de vigencia del régimen de excepción 27.03.2023
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